Descubren que Hitler bombardeó sus propias ciudades para hacer «prácticas de tiro»


ABC.es

  • Nuevos documentos de las SS desvelan como el Führer arrojó cohetes V-2 contra los mismos alemanes matando a miles de personas
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ARCHIVO ABC Las regiones más castigadas fueron las de Pomerania

Las barbaridades cometidas por los nazis contra polacos, soviéticos y, en general, judíos, son ampliamente sabidas a día de hoy. Sin embargo, lo que era hasta ahora desconocido es que los secuaces de Adolf Hitler llegaron a cometer todo tipo de tropelías contra los propios alemanes tales como bombardear ciudades germanas con cohetes V-2 para hacer «prácticas de tiro». Todo ello, en 1944. Sin duda, una nueva muesca que poner en el triste cuchillo del Führer, cuya leyenda negra se amplía día a día.

Este cruel hecho se ha sabido gracias a una serie de documentos de las SS (las tropas más ideologizadas del régimen nazi) que han salido a la luz hace pocas jornadas. En ellos queda patente como Adolf Hitler ordenó disparar varias bombas sobre algunas ciudades y pueblos germanos con el objetivo de comprobar la magnitud de la devastación de sus nuevos misiles balísticos V-2. La orden era tan secreta que fue recibida únicamente por el «Kommandostelle S», una unidad de la que se tienen pocos datos a día de hoy..

Los informes –publicados por el diario «Daily Mail»- señalan también como estos ataques provocaron la muerte de miles de ciudadanos alemanes, crímenes de los que Hitler culpó posteriormente a los aliados entre 1944 y 1945 (casi al finalizar la contienda). Posteriormente, los nazis intentaron quemar los archivos cuando el Tercer Reich se derrumbaba, pero fueron rescatados de las llamas por un personaje desconocido y fueron a parar a las manos de un coleccionista alemán que los guarda desde entonces.

Tal y como publica el diario británico, los archivos –que están escritos en hojas de papel A4- muestran que una buena parte de los cohetes fueron probados lanzándolos desde la región de Peenemünde hacia Londres, Ameberes o Lieja (territorio enemigo). Sin embargo, también dejan patente que varios tenían como objetivo ciudades alemanes en el área de Pomerania. A su vez, se cree que, posteriormente, varias unidades de las SS fueron enviadas a estas regiones aliadas para evaluar la magnitud de los daños y la devastación que podían causar las V-2.

Los informes, a la venta

Varios de estos informes serán puestos a la venta el próximo 18 de marzo, día en el que se cree que llegarán a un precio de unos 3.000 euros. «La bomba V-2 fue el primer misil balístico que de verdad pudo haber dado la victoria Hitler. Sus efectos fueron devastadores», ha señalado el portavoz de la empresa que se encargará de poner a la venta los papeles. No anda desencaminado, pues esta arma acabó con miles de enemigos y, según se creía, su capacidad de destrucción sólo podría ser superada por la futura e incompleta bomba atómica alemana.

«Esta es una prueba de lo desesperados que estaban los nazis después del Día D al percatarse de los avances de las fuerzas aliadas en toda Europa. Muchas de estas “prácticas de tiro” se saldaron con miles de muertos y cuantiosos daños materiales», ha señalado el representante de la casa de subastas. A su vez, este ha afirmado que los informes suponen toda una reliquia, pues la mayoría de archivos de este estilo fueron quemados por los miembros de las SS cuando los aliados entraron en Berlín ávidos de venganza.

Las bombas V-2

Los cohetes V-2 fueron desarrollados por el ingeniero aeroespacial alemán Wernher von Braun. Estas armas fueron las más avanzadas de su tiempo y se siguieron utilizando hasta que, en agosto de 1945, Estados Unidos arrojó las bombas atómicas en Japón. Disparadas desde unas lanzaderas de 14 metros, eran impulsadas por etanol líquido y oxígeno y cada una pesaba 13 toneladas. Podían alcanzar, además, objetivos a más de 200 kilómetros de distancia causando una gran devastación allí donde impactaran.

El búnker de la Historia de España


El Mundo

  • Defensa esconde sin razón 100.000 documentos sobre la Guerra Civil
  • Preston, Viñas y un centenar de historiadores piden transparencia
Sevilla, en julio de 1936. | Efe

Sevilla, en julio de 1936. | Efe

¿Le gustaría que los historiadores de la Guerra Civil le explicaran a fondo los desembarcos nazis en el Protectorado español de Marruecos, los campos de concentración, los batallones de soldados trabajadores (esclavos del franquismo), las deserciones, los sabotajes o la evolución de la armada republicana y la nacional? ¿Le interesaría conocer los incidentes ocurridos en aguas españolas con barcos de guerra ingleses, alemanes e italianos durante la Segunda Guerra Mundial y qué ocurrió con sus náufragos? ¿Querría saber en profundidad la política de armamento durante la dictadura, los planes de defensa en tiempos de la Guerra Fría o los detalles de la traumática guerra del Ifni? Pues no puede. No puede ni el simple ciudadano, y tampoco pueden los mejores historiadores del siglo XX español.

Por increíble que parezca en comparación con las políticas de otros países respecto a sus archivos militares, como en Estados Unidos, donde los secretos disponen de plazos de caducidad, 77 años después del estallido de la guerra española hay miles y miles de documentos datados entre 1936 y 1968 (la cifra total no la sabemos) que siguen inaccesibles a la opinión pública pese a que su desclasificación no constituiría ya ningún riesgo para la seguridad del Estado. Más de un centenar de prestigiosos historiadores y documentalistas como Paul Preston, Ángel Viñas o Francisco Espinosa, y algunos juristas como Carlos Jiménez Villarejo, reclaman al Gobierno del PP de Mariano Rajoy que ponga en práctica su compromiso de palabra con la “transparencia” y permita el acceso público a unos 10.000 documentos militares ahora declarados como secretos, confidenciales, reservados y muy reservados, que abarcan la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y buena parte de la dictadura franquista. Dicen que dado el tiempo transcurrido y su interés, ya no hay justificación alguna para que sigan ocultos.

El historiador Francisco Espinosa Maestre, uno de los promotores junto a Manuel Álvaro Dueñas y Mirta Núñez Díaz-Balart de la iniciativa a la que se han adherido colegas de toda España, explica a ELMUNDO.es que la socialista Carme Chacón, cuando era ministra de Defensa, promovió la primera desclasificación masiva de documentos castrenses antiguos y solicitó para ello una revisión exhaustiva para determinar cuáles podían salir a la luz. Los propios militares, dice el historiador desde su casa de Sevilla, señalaron en un informe a la ministra las secciones documentales que ya no entrañaba riesgo divulgar.

Pero ocurrió que al entrar el Gobierno de Rodríguez Zapatero en funciones en otoño de 2011, Chacón no elevó al Consejo de Ministros su propuesta para cancelar la condición secreta de esos papeles, o, si lo hizo, esta propuesta no fue aprobada. La propuesta de desclasificación masiva, dice Espinosa, pasó a manos de Pedro Morenés al asumir el mando el PP, pero éste la ha ‘congelado’. Espinosa cuenta que se enteraron de la iniciativa de Chacón ‘a posteriori’, a raíz de un artículo del periodista Antonio Rodríguez, que en la revista ‘Tiempo’ informó el 15 de febrero de 2012 del plan que la ministra (que habría recibido el informe en octubre de 2011, ya en funciones) había pasado a su sucesor. La revista divulgó el anexo que habría manejado la ministra con la relación de archivos militares, contenido genérico de los documentos, grado de secreto y hasta qué año se podrían desclasificar (hasta 1939, 1940, 1968 o sin límite posterior, según los casos). Son papeles que custodian el Estado Mayor de la Defensa, el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y la Armada.

Silencio administrativo

Al comprobar que pasaba el tiempo y la apertura no se producía, los historiadores iniciaron una batalla jurídica con el Ministerio de Defensa, ya en manos el PP, para reclamarle copia de la propuesta de Chacón y el informe que venía con el anexo, que era lo único que se había filtrado. Defensa, en un escrito del pasado 14 de diciembre de su subdirector general de Recursos e Información Administrativa, negó la mayor y les respondió que no les iba a dar copia alguna porque la propuesta de la exministra, simplemente, no existe.

Los historiadores volvieron a la carga con la ayuda de la abogada Eva Moraga, especialista en acceso público a la información, y presentaron un recurso de alzada, que el Ministerio desestimó en un escrito de su secretario general técnico, David Santos Sánchez, fechado el pasado 5 de enero, en el que les recordaba que, en todo caso, al margen de la ‘inexistencia’ de la propuesta de Chacón, la información histórica aludida es “documentación excluida del derecho de acceso a archivos y registros”.

Una batalla perdida. Pero la ‘guerra’ sigue. Les queda a este grupo de historiadores la opción de presentar un concurso contencioso administrativo para lograr abrir los ‘búnkeres’ documentales de Defensa, pero Espinosa explica que de momento prefieren pedir el apoyo de los partidos y de la opinión pública y renunciar a abrir un pleito. La experiencia les dice que se ‘castiga’ a los que recurren a esa vía: si pierden el caso, les pueden condenar a pagar costas muy cuantiosas, lo que desincentiva la lucha judicial por la transparencia de la Administración, lamenta el promotor de la campaña.

¿Son estos ‘10.000 papeles’ los últimos secretos de la Guerra Civil, del rol de España en la Segunda Guerra Mundial o de las Fuerzas Armadas bajo el franquismo? “No”, responde, “no son los últimos. Hay otros reductos, además de documentos desaparecidos. El Archivo General Militar es accesible desde mediados de los años 90, pero al ver lo que hay te das cuenta de lo que falta, de lo que alguien quitó. En el Alto Estado Mayor hay fondos sin abrir. Y lo más grave es que no sabemos lo que hay. En España no hay transparencia informativa. Hay una oscuridad enorme”.

Espinosa Maestre, en nombre de sus colegas, insiste en pedir a Defensa que les abra sus archivos. “Que nos diga al menos qué están manteniendo en secreto. Se debería aplicar la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 [incluido el patrimonio documental y bibliográfico], que establece el libre acceso a los documentos transcurridos 50 años. Por lo menos los que llegan hasta el año 1962. Pero el Gobierno aplica la Ley de Secretos Oficiales, que data del franquismo, de 1968″.

Sostiene que desclasificar esos papeles no costaría dinero ni esfuerzo porque “el trabajo ya está hecho” de la época de Chacón, cuando “se gastaron un dinero en revisar esa masa documental y extraer lo que se puede desclasificar”. Y reclama al Gobierno que aproveche la Ley de Transparencia que está preparando y democratice el acceso a información histórica cuyo secreto ya carece de razón. Si no, seguirán a la carga. “Nos toman por gilipollas”, se queja.

Ahí hay una mina

Pero como no lo son, los historiadores tienen en la cabeza lo que se esconde en el ‘búnker’. El anexo que supuestamente manejó la exministra Chacón con la relación somera de los papeles militares secretos que se podrían ya divulgar, en general los anteriores a 1968, indica sugerentes contenidos. “Es un material de primer orden”, subraya Francisco Espinosa, aunque precisa que su valor no lo pueden determinar hasta que sabuesos de la Historia como él le puedan meter el diente. Por ejemplo, el Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa, en Madrid, guarda, según el listado, “proyectos y programas para la construcción de armamento, materiales y equipamiento de las Fuerzas Armadas” o “Planes de contingencia para hacer frente a posibles amenazas para la Defensa Nacional”.

En el Ejército de Tierra, su Archivo General Militar de Madrid conserva documentos de la Guerra Civil ahora secretos, como el “bando declarando estado de guerra”, o sobre “justicia militar, descripciones geográficas y topográficas, detención de extranjeros, censura”. Su Archivo General Militar de Ávila oculta datos sobre “campos de concentración, batallones de soldados trabajadores, arrestos, denuncias, deserciones, sospechosos, sabotajes”, además de movimientos de tropas, entre otros temas secretos.

El Archivo Intermedio Militar Sur, en Sevilla, mantiene fuera del alcance público papeles de la guerra como sentencias de tribunales castrenses u órdenes militares. El Archivo Intermedio Militar de Baleares es una mina para conocer la “rebelión militar” y el “espionaje” entre 1936 y 1939. Su homólogo de Ceuta alberga en la sombra información histórica sobre “convenios y tratados con Francia y Marruecos, desembarcos alemanes, gastos de armamento” o “protegidos y agentes franceses”.

Además de los centros mencionados, hay más documentos susceptibles de desclasificación del Ejército de Tierra en el Archivo Intermedio Militar Pirenaico, el Archivo Intermedio Militar Noroeste y el Archivo Intermedio Militar de Canarias. Por parte de la Armada, en el Archivo General de la Marina, el Archivo Central del Cuartel General, los archivos navales de El Ferrol, San Fernando, Cartagena y Canarias, y en el Archivo General de la Administración. Y por parte del Ejército del Aire, los secretos que podrían caducar se guardan en el Archivo Histórico del Ejército del Aire y el Archivo Intermedio del Cuartel General del Ejército del Aire. La opacidad del Estado mantiene aún el siglo XX español lleno de agujeros negros. Aquí están.