Zarpazo a la investigación arqueológica


El Pais

Restos de una misión jesuita junto al lago Tana (Etiopía) / UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

La apisonadora de Hacienda no repara ni siquiera en los restos. Aunque los restos expliquen claves del origen de la humanidad de hace 1,5 millones de años, de la pesca en Pompeya antes de su petrificación en lava en el año 79, o de la civilización maya en Guatemala. El Ministerio de Hacienda ha denegado las subvenciones que la Secretaría de Estado de Cultura había concedido a 30 grupos de universidades españolas con proyectos de arqueología internacional con el argumento de que pertenecen a comunidades autónomas que incumplen sus objetivos de contención de déficit público.

El resultado es que Hacienda propina un bofetón a las comunidades, pero resuena con fuerza en la cara de los arqueólogos en primer lugar. Y, de rebote, en eso tan difuso y tan vital que se conoce como la marca España. “Dice muy poco de la seriedad de un país y repercute muy negativamente en el prestigio de nuestra ciencia, que con mucho esfuerzo había conseguido equipararse con la de países de nuestro entorno”, lamenta Joan Sanmartí, que lidera un equipo de la Universidad de Barcelona dedicado a la investigación arqueológica en el yacimiento de Althiburos, en Túnez.

En los últimos años, la arqueología española había disputado algunos apetitosos espacios a las grandes potencias (Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos o Francia). Su buen hacer explica que yacimientos golosos, como los de la garganta de Olduvai (Tanzania), donde la humanidad ha dejado un acta notarial de su evolución en sucesivos sedimentos, esté en manos de investigadores españoles. Pero el prestigio puede ser lento cuando se invierte en él y efímero cuando se gasta.

“Que se nos haya privado de la subvención (10.000 euros) conlleva que la campaña se lleve a cabo bajo mínimos y pone en peligro la continuidad del proyecto”, lamenta Rafael Hidalgo, que dirige el equipo de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) que excava en Villa Adriana (Italia), Patrimonio de la Humanidad. Uno de los hitos del patrimonio romano y que, pese a acoger exploraciones desde el siglo XVI, nunca hasta ahora se había abierto al trabajo de los equipos españoles.

En la convocatoria de 2012, Cultura, tras evaluar las 64 solicitudes, había aprobado subvenciones a 45 proyectos, impulsados por universidades, instituciones sin ánimo de lucro y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que se repartían un total de 730.000 euros y que fueron informados de la concesión provisional.

Pero desde el pasado 27 de abril la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera concede la potestad a Hacienda de bloquear subvenciones dirigidas a comunidades que no hacen sus deberes presupuestarios. Solo 10 proyectos presentados desde instancias estatales (CSIC y Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED) y cinco de organismos sin ánimo de lucro recibieron la bendición de Hacienda, que tumbó los 30 que promueven las universidades, (y que suman un total 494.500 euros).

Un portavoz de Hacienda explicó esta semana a EL PAÍS que se valora caso por caso antes de informar negativamente sobre el pago de una subvención destinada a una comunidad autónoma: “Se hace con criterios de racionalidad, no hay un rasero único”, añadió.

No respondió, sin embargo, a la pregunta de cuál fue el criterio utilizado para denegar estas 30 ayudas públicas en arqueología. “Esto no implica que se puedan aprobar este año [2013], pero el dinero del año pasado es ya prácticamente imposible”, aclaró. Lo cierto es que han perdido un dinero con el que contaban y que podrían no haber perdido. Es más, la Secretaría de Estado de Cultura trata de revertir lo que parece irreversible. “El ministerio comprende y comparte la preocupación de las universidades”, señaló ayer una portavoz del departamento de Cultura. Y añadió: “Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda en las vías posibles para solucionar esta situación”.

La realidad es que la pérdida de fondos estatales para continuar excavaciones en el exterior amenaza la pervivencia de algunos proyectos de gran relevancia, como el que dirige en Líbano la catedrática de Prehistoria de la Universidad Pompeu i Fabra, María Eugenia Aubet. Desde 1997 trabaja en la necrópolis fenicia de Tiro-Al Bass, donde han descubierto 400 sepulturas de los siglos IX-VII a. C. “Por primera vez en 2013 habíamos conseguido permiso del Ministerio libanés de Cultura para excavar en la ciudad misma de Tiro, con fuertes presiones por parte de franceses y alemanes para hacerse con esa excavación. Tanto la Embajada española en Beirut como el Ministerio de Cultura libanés apostaron al final por nosotros. De momento no sé cómo afrontar la realidad y pedir disculpas a las autoridades libanesas”, explica.

Este diario contactó mediante correo electrónico con los responsables de los 30 grupos afectados. Respondieron 24 con similar tono de estupor —jamás les habían anulado una subvención concedida— y pesar por la incertidumbre futura. “Hay compromisos adquiridos que no podremos realizar y, por tanto, pasamos a ser una universidad poco seria y fiable con respecto a los proyectos que planteamos con otros grupos de investigación. Es posible que tanto la UCL como el Museo de Addis decida que no interesa nuestra colaboración”, se queja Rafael Mora, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que dirige un proyecto sobre las sociedades recolectoras en el valle del Rift, en Etiopía. Cultura les había concedido inicialmente 15.000 euros. “Ninguno de los trabajos previstos se podrá llevar a cabo”, añade.